Las perspectivas de la Vietnamización de Cuba

Artículo publicado originalmente en el Substack de "El Sobrante" el 9 de julio del 2026. Agradecemos su predisposición y apoyo.

Las discusiones sobre el destino económico de las “periferias globales” suelen empantanarse de forma sistemática en la falsa dicotomía burguesa entre el “estado grande” o el “estado chico”, un debate profundamente inconducente que tanto el progresismo latinoamericano como las burguesías rezagadas utilizan para encubrir el verdadero nudo gordiano del desarrollo rezagado, que es el fracaso irremediable del reciclaje nacionalista incesante de la capital chatarra improductivo y su fetiche ideológico decadente de la sustitución de importaciones. El caso de la economía cubana contemporánea representa la muestra más trágica de esta dinámica destructiva y reaccionaria que tiene como carne sacrificial a la clase obrera que se arroja a los carros de Jagannath de los capitales que la arrastran a la miseria mientras le venden épica nacional. Se trata de un modelo que transformó la representación ideológica de soberanía popular en una autarquía chatarrera y empobrecedora, donde el aparato estatal no se expande como un subproducto del éxito en la dirección eficiente de las fuerzas productivas o la elevación de la productividad del trabajo, sino como una hipertrofia reaccionaria y burocrática destinada exclusivamente a administrar la escasez generalizada, regular la miseria y capitanear ordenadamente el naufragio del mercantilismo de Estado. Cuando la productividad social media del trabajo se desploma de manera secular y las condiciones materiales más elementales de la existencia se desvanecen, la defensa abstracta de la planificación estatal centralizada se vacía por completo de cualquier contenido emancipatorio positivo, transformándose en un mero taparrabos ideológico para justificar el desastre estructural de una dotación de capital fijo obsoleta que destruye riqueza social en lugar de crearla.

Existe una paradoja fundante que recorre al estado cubano, y es que el mismo se ha consolidado como el espacio de acumulación donde más claro se ve de qué manera el capital averiado logra reproducirse bajo la forma institucional y discursiva de su supuesta superación. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, aquel aparato militar que en la épica de la Guerra Fría supuestamente encarnaba la resistencia última contra el capitalismo imperialista y la vanguardia de la abolición de las relaciones mercantiles, controlan hoy en términos materiales estrictos entre el 40 y el 70 por ciento de la economía de la isla. Lo hacen a través de un opaco y omnipresente holding empresarial llamado GAESA, un conglomerado corporativo que gestiona desde hoteles de lujo y cadenas bancarias hasta terminales portuarias estratégicas, supermercados de venta exclusiva en divisas y las redes de captación y procesamiento de las remesas que llegan desde el exterior. El ejército de la revolución no es, por lo tanto, la superación dialéctica del capital ni su negación histórica, sino que constituye, en la realidad económica más cruda y profana, el capital cubano mismo en su forma de existencia más concentrada, centralizada y opaca. Todo en el nombre del combate contra los “monopolios” capitalistas del imperio. Es la hipocresía ideológica elevada a principio supremo de Estado, un diseño donde el propietario individual ha sido sustituido por una burguesía corporativa de uniforme verde olivo que extrae plusvalor absoluto a una clase obrera desarmada de cualquier instrumento de resistencia política y atada a salarios de miseria absoluta.

Para comprender el colapso civilizatorio que hoy experimenta la isla, resulta indispensable caracterizar qué es Cuba dentro del metabolismo global de la ley del valor. No estamos ante una economía que fue bloqueada de manera implacable por el imperialismo norteamericano justo antes de que pudiera desplegar con éxito sus fuerzas productivas internas. Por el contrario, nos encontramos ante un espacio de acumulación regional que jamás desarrolló fuerzas productivas genuinas porque su propio modelo de gestión capitalista porta una consecuencia estructural inevitable: la destrucción deliberada del incentivo a la innovación, la asignación irracional e ineficiente del excedente económico y la reproducción artificial de capitales obsoletos que son incapaces de valorizarse en el mercado mundial debido a que su productividad del trabajo no es competitiva bajo ningún estándar internacional. Aunque el bloqueo norteamericano constituye una realidad geopolítica innegable que tiene efectos lesivos reales sobre la circulación de mercancías, resulta analíticamente deshonesto e ideológicamente cómplice utilizarlo como la variable explicativa principal de la crisis. El colapso del modelo cubano se inscribe en la misma trayectoria histórica de todos aquellos regímenes que adoptaron las formas más extremas de la épica del mercantilismo autarquista.

El estado de la economía cubana

El Producto Interno Bruto cubano acumula una contracción escalofriante cercana al 23 por ciento en comparación con los niveles registrados en el año 2019, una destrucción masiva de valor que se profundizó con caídas del 5 por ciento durante el año 2025 y una proyección de desplome superior al 7 por ciento para el curso del año 2026. Esta debacle sistemática no puede ser burdamente atribuida a un recrudecimiento coyuntural de las sanciones externas, sino que expresa la maduración terminal de un esquema de acumulación que durante décadas transfirió los sectores de mayor valorización y rentabilidad económica hacia los conglomerados militares controlados por GAESA, los cuales operan bajo una lógica de reproducción endógena y corporativa completamente divorciada de las necesidades productivas y reproductivas de la población real. Mientras el holding militar destinaba los escasos recursos de divisas de la nación a la edificación frenética de complejos hoteleros de lujo, cuyas tasas de ocupación venían en caída libre incluso antes de la crisis sanitaria global, la infraestructura del sistema eléctrico nacional colapsaba por una desinversión crónica y criminal, la producción agrícola doméstica se desplomaba a niveles de subsistencia y el deteriorado sistema de salud pública se quedaba sin los insumos médicos más elementales para la atención de la ciudadanía mientras la misma empresa seguía vendiendo servicios médicos de élite a los adinerados del globo.

Esta asignación aberrante del excedente social no respondió jamás a una lógica de planificación socialista orientada a resolver las necesidades de la población, sino a la estricta necesidad de expansión sectorial del capital militar corporativo, el cual prioriza blindar su propio dominio financiero e inmobiliario antes que subsanar los cuellos de botella energéticos y logísticos que asfixian al resto del entramado económico no militarizado. La opacidad con la que opera GAESA en el manejo de estos recursos es absoluta y total. En la isla no existen auditorías públicas independientes, se prohíbe la difusión de información verídica sobre la rentabilidad sectorial de sus empresas y no opera ningún mecanismo de rendición de cuentas que permita fiscalizar si la riqueza capturada por los militares se reinvierte con criterios de eficiencia colectiva o si simplemente se acumula de forma parasitaria dentro del propio circuito financiero e inmobiliario de la élite de uniforme. En cualquier formación social capitalista convencional del planeta, una estructura con estas características y prerrogativas institucionales sería descrita de inmediato por la sociología económica como un monopolio corporativo privado que ha perpetrado una captura regulatoria total del aparato del Estado. En el universo orwelliano de la burocracia caribeña, este régimen de explotación concentrado y exento de todo control democrático recibe el nombre de resistencia al imperio.

La destrucción de las condiciones de vida de la clase trabajadora cubana bajo este esquema han adquirido dimensiones de catástrofe humanitaria y demográfica. La inflación galopante, subproducto inevitable de la destrucción del aparato productivo y de la emisión monetaria descontrolada para financiar el déficit de las empresas estatales ineficientes, ha terminado por pulverizar el poder adquisitivo real de la población. El salario real promedio del trabajador cubano actual representa apenas una fracción insignificante de lo que ya era un ingreso pauperizado en el año 2019, obligando a los productores desposeídos a sumergirse en una economía informal salvaje donde el peso cubano carece de valor real frente al dólar y las mercancías básicas sólo pueden ser adquiridas en los establecimientos dolarizados del propio monopolio militar. Esta dualidad cambiaria perversa liquida cualquier incentivo para producir de forma legal de cara al mercado doméstico, puesto que todos los insumos necesarios deben pagarse en moneda dura mientras los ingresos formales de los trabajadores se licúan en pesos devaluados. El resultado inexorable de este estrangulamiento económico ha sido la transformación del histórico goteo migratorio en una hemorragia demográfica sin precedentes coloniales ni republicanos. Entre los años 2022 y 2024, la isla perdió aproximadamente al 10 por ciento de su población total por vía de la emigración forzada, lo que equivale a la destrucción y fuga del stock de capital humano más severa de toda su historia económica. Una hecatombe solamente superada en este continente por Venezuela.

¿Vietnam es el horizonte?

Es precisamente en este escenario de postración productiva generalizada, colapso inminente de la matriz energética (con apagones masivos que se extienden habitualmente entre ocho y doce horas diarias paralizando la escasa actividad industrial remanente) y disolución de los lazos sociales básicos, que la dirección política del régimen se ha visto forzada a lanzar un paquete drástico de 176 reformas de orientación de mercado. Con el fin de dotar a este viraje desesperado de una pátina de legitimidad ideológica que no espante a sus acólitos internacionales, la propaganda oficial se ha apresurado a encuadrar estos cambios bajo la analogía histórica del exitoso modelo de apertura económica implementado por el Partido Comunista de Vietnam, conocido mundialmente como el Doi Moi. Sin embargo, la comparación histórica no resiste el menor rigor analítico y naufraga de forma inmediata. Vietnam ejecutó su proceso de inserción mercantil global partiendo de una realidad demográfica expansiva, con una base industrial manufacturera con potencial para articularse orgánicamente con las cadenas globales de valor asiáticas y, fundamentalmente, sin la existencia de un holding militar corporativo como GAESA que tuviera bajo su control monopólico absoluto el 70 por ciento de las ramas más dinámicas y rentables del espacio económico nacional. Cuba intenta simular un Doi Moi caribeño careciendo por completo de las premisas materiales y políticas que hicieron viable la experiencia asiática, recurriendo a una analogía superficial para presentar ante la opinión pública lo que en realidad constituye una caótica y claudicante gestión de la crisis terminal de su autarquía.

El contenido concreto de estas 176 reformas merece ser analizado, puesto que en el diseño institucional de su implementación se revela como pedagógico para entender de qué manera intenta reciclar su chatarra productiva el capital estatal militarizado a costa de una mayor explotación de la fuerza de trabajo local. Por primera vez en la historia económica del régimen, se autoriza formalmente la inyección directa de capital extranjero en las micro, pequeñas y medianas empresas de carácter privado, así como en las cooperativas urbanas, quebrando de este modo el histórico monopolio absoluto que detentaba el Estado para asociarse con inversores internacionales. En consonancia con esta desregulación, se elimina la obligatoriedad de que las firmas extranjeras contraten de forma obligatoria a sus plantillas laborales a través de las parasitarias agencias empleadoras estatales. Este mecanismo permitía tradicionalmente al Estado confiscar hasta el 90 por ciento del valor del salario real, cobrando al inversor corporativo en dólares o euros para luego abonar al obrero cubano una suma miserable en pesos devaluados; ahora, bajo el nuevo marco normativo, se habilita la selección, contratación y remuneración directa en divisas a los empleados por parte de las firmas inversoras. Asimismo, para intentar dinamizar la parálisis burocrática del Ministerio del Comercio Exterior, se implementa de manera inédita el principio del silencio administrativo positivo para la aprobación expedita de proyectos de inversión con plazos perentorios de apenas siete días, sustituyendo los engorrosos e interminables estudios de factibilidad estatales por planes de negocios estandarizados bajo el canon internacional de la corporación capitalista tradicional.

Esta andanada de reformas incluye además la liberalización del comercio mayorista y minorista, permitiendo por primera vez la operación directa de entidades comerciales extranjeras sin la intermediación obligada de las empresas importadoras y distribuidoras del aparato centralizado del Estado. El portafolio oficial de oportunidades de negocios que el régimen exhibe de manera urgente ante los mercados internacionales supera ya la cifra de los 30.000 millones de dólares. Las ramas prioritarias donde el capital estatal militarizado necesita con mayor desesperación la transfusión de liquidez foránea abarcan sectores estratégicos clave como la infraestructura energética nacional en ruinas, la minería de níquel, la agroindustria alimentaria paralizada por la falta de maquinaria e insumos, las telecomunicaciones y la logística de almacenamiento y distribución de combustibles. El objetivo estratégico que unifica la arquitectura de estas medidas es claro. Se trata de ejecutar un vasto operativo de reciclaje de capitales improductivos que ya no pueden avanzar en exprimir la vaca del trabajador cubano sin compartir un poco de su uso con capitales extranjeros, un intento de instrumentalizar la inversión extranjera y el dinamismo del sector privado menor para inyectar flujos de liquidez y transferencia tecnológica en activos fijos, tierras agrícolas ociosas e infraestructuras estatales obsoletas que hoy se encuentran en estado de parálisis total, pero procurando realizar esta maniobra de salvataje sin alterar un solo milímetro la estructura profunda que generó la catástrofe productiva en primer lugar.

El análisis de los flujos de capital que intentan insertarse en este ecosistema desregulado revela la existencia de tres frentes inversores diferenciados, cada uno de los cuales opera guiado por lógicas de valorización y horizontes temporales completamente disímiles. En el primer frente se ubican los aliados geopolíticos de escala estatal, principalmente corporaciones públicas y fondos soberanos provenientes de China, la Federación de Rusia y Vietnam. Estos actores concentran sus intenciones de inversión en la infraestructura pesada de telecomunicaciones, la minería extractiva de níquel y la estabilización precaria de la red de energía nacional. Su racionalidad de acumulación no responde estrictamente a la búsqueda del retorno financiero convencional a corto plazo, sino que opera bajo la lógica de la capitalización de recursos naturales estratégicos y el control directo de infraestructuras a cambio del alivio o la reestructuración de la deuda externa cubana; en términos materiales concretos, estos estados utilizan la inversión corporativa como un vector de proyección de su política exterior y dominación geopolítica regional.

El segundo frente está integrado por empresas de capital privado regional con sede en países como Canadá, México y España. Estas firmas orientan estratégicamente sus recursos hacia los nichos del comercio mayorista, la agroindustria alimentaria básica y la logística de distribución de combustibles de consumo masivo. Su objetivo es explotar de manera oportunista mercados internos que sufren niveles de desabastecimiento crónico espantosos, espacios de acumulación donde la competencia capitalista sofisticada es virtualmente inexistente debido a que el elevadísimo riesgo regulatorio e institucional de la isla espanta a los fondos de inversión globales y a las corporaciones transnacionales líderes. Finalmente, el tercer frente inversor está constituido de forma inédita por la propia diáspora cubana residente en el exterior, la cual ha sido habilitada para canalizar sus remesas monetarias directamente hacia el capital de trabajo de las microempresas privadas locales mediante la sanción de una nueva figura legal de residencia efectiva en el territorio nacional. Este microcapital de origen migrante fluye de manera capilar hacia el sector de los servicios privados urbanos, la gastronomía, el pequeño comercio minorista y las actividades de servicios logísticos de escala barrial.

La perspectiva de las reformas

Las contradicciones estructurales e históricas de este operativo de reciclaje capitalista militarizado son, por definición, insalvables dentro de los límites del propio régimen político que las engendra. Mientras las reformas otorgan libertades operativas reales al sector privado menor y abren rendijas comerciales para la inversión externa marginal, la cúpula estatal mantiene absolutamente intactas e intocables las estructuras monopólicas intermedias que protegen el blindaje corporativo y financiero de GAESA. Pretender dinamizar una economía nacional devastada mientras se preservan cautivos los sectores de mayor rentabilidad bajo el control férreo de una oligarquía militar engendra un ecosistema macroeconómico signado por una asimetría de mercados insostenible en el largo plazo dada la debilidad relativa y la poca importancia de Cuba en el mercado mundial. El empresariado privado local y el capital extranjero independiente son tolerados exclusivamente bajo la condición subordinada de operar como amortiguadores sociales de la escasez generalizada, pero carecen de la más mínima seguridad jurídica elemental a largo plazo, puesto que cualquier éxito comercial o acumulación de escala que ponga en riesgo las cuotas de mercado cautivas o el monopolio de divisas de GAESA puede ser anulado o revertido de forma fulminante mediante un decreto administrativo sin costo político visible para la élite.

Bajo estas condiciones de precariedad institucional extrema, ningún inversor global sofisticado que opere con un horizonte de acumulación productiva de largo plazo e intensivo en tecnología está dispuesto a comprometer capital real en la isla. Esto explica de forma matemática por qué el flujo de capital dispuesto a asumir el altísimo riesgo país de Cuba termina siendo un capital predominantemente de carácter estatal-geopolítico o puramente local de pequeña escala (Cubanos que viven fuera ayudando a empezar un pequeño emprendimiento de servicios a sus familiares en la isla con capitales modestos); es decir, exactamente el tipo de capital que resulta incapaz por su propia naturaleza de revertir un proceso histórico de desindustrialización estructural profunda. El endurecimiento persistente de las sanciones extraterritoriales norteamericanas termina por cerrar este torniquete histórico, funcionando como un potente desincentivo para aquellas corporaciones que podrían aportar escala productiva pero que prefieren retirarse del mercado insular (tal como ha ocurrido con importantes cadenas hoteleras canadienses y ibéricas que operaban en joint ventures con la marca militar Gaviota) para blindar sus negocios y activos en los mercados occidentales.

El desenlace histórico previsible de este Doi Moi fallido y asimétrico es que las reformas regulatorias apenas alcancen para evitar una parálisis total del consumo de subsistencia de la población a través del dinamismo del comercio privado menor, cumpliendo con la función de válvula de escape política que la burocracia militar necesita con urgencia para conjurar el peligro de estallidos sociales directos y financiar el aparato represivo que garantiza la supervivencia material de la élite gobernante reaccionaria. Sin embargo, estas medidas se revelarán del todo impotentes para revertir la desindustrialización crónica, la postración productiva y el estancamiento secular que constituyen el subproducto inevitable de más de sesenta años de gestionar el reciclaje de capital chatarra bajo la forma mística de su propia negación institucional. El progresismo latinoamericano, atrapado en su propia decadencia conceptual, seguirá observando el naufragio de La Habana como un faro moral intocable, incapacitado por completo para explicar por qué ese faro proyecta tanta miseria sobre las condiciones materiales de existencia de la clase obrera concreta que habita debajo de él. El capital estatal cubano no va a quebrar hoy por verse expuesto a la competencia de un Walmart. Va a quebrar de forma definitiva porque su modelo jamás portó las condiciones históricas reales para competir en el mercado mundial, habiendo utilizado el mostrador coercitivo del Estado para disimular su absoluta incapacidad de valorización durante el tiempo que duró el subsidio de la renta soviética primero y el oxígeno de la renta petrolera venezolana después. Una vez que el flujo parasitario de esas rentas geopolíticas externas se extingue por completo, queda al descubierto aquello que siempre habitó en las entrañas del modelo: un capital de escala estrictamente local, tecnológicamente chatarra, que es incapaz de reproducir sus propias fuerzas productivas y que necesita desesperadamente llamarse a sí mismo socialismo para evitar la humillación histórica de tener que nombrarse por su verdadero nombre.