Las élites capturan al Estado y luego lo culpan por el déficit que eso genera

Este texto fue publicado originalmente en el primer número de la revista Porvenir, de noviembre de 2024. Todos los derechos de autor corresponden a Porvenir (elporvenir.arg@gmail.com).

Mucho se ha escrito y reflexionado sobre el derrotero crítico de la economía argentina desde el punto de inflexión que implicó, en tantos sentidos, la última dictadura cívico-militar hasta nuestros días. En ese marco, se destaca una tendencia quizá no tan visible, pero que en las últimas décadas se ha manifestado de modos muy diversos y en forma recurrente. Nos referimos a la "captura del Estado" por parte de los sectores dominantes. Ello no se vincula necesariamente con la presencia de intelectuales orgánicos del establishment económico en resortes estratégicos del aparato estatal, o con prácticas más o menos difundidas de corrupción, sino con otra cuestión, sin duda relevante y en apariencia más abstracta.

Muchas veces, en su funcionamiento efectivo, el estado alimenta, a través de diferentes mecanismos que suelen comprometer traslaciones de ingresos onerosas y regresivas, la expansión de distintos segmentos del poder económico.

Esto lo hace incurrir en ciertos déficits que se suelen "resolver" apelando a recursos provistos por las mismas fracciones del gran capital que están detrás de los desequilibrios (que a cambio obtienen beneficios extraordinarios, por lo general de tipo financiero). Esta suerte de "estar de los dos lados del mostrador" aumenta la capacidad de veto de estos actores y debilita de manera notable a los gobiernos, en particular en lo que tiene que ver con una eventual instrumentación de políticas que impliquen algún grado de confrontación, precisamente con el poder económico.

De allí que valga la pena realizar algunas reflexiones sobre esta cuestión particular.

En Argentina existe un amplio consenso acerca de que el déficit fiscal es expresión de un intervencionismo estatal excesivo y, en buena medida, ineficiente. También son recurrentes los señalamientos en cuanto a que allí radica la explicación de la elevada emisión monetaria que, a su vez, sería una de las causas sobresalientes de la alta inflación que aflora una y otra vez.

A partir de esta caracterización se concluye, en forma bastante simplista, que para hacer frente a los desequilibrios fiscales (y a la suba de precios) se debe intervenir básicamente en dos ejes. Por un lado, en un recorte drástico del gasto público, en particular de aquel destinado a dinamizar la inversión, financiar la previsión social, la educación y la salud, transferir recursos a las provincias y sostener la dotación del personal estatal.

Por otro lado, en la reducción de la cantidad de moneda en circulación, centralmente vía la licuación del poder adquisitivo de los salarios y otros ingresos fijos. Pese a que se basa en supuestos de dudosa comprobación y cientificidad esta lógica argumental ha probado ser muy potente y efectiva en términos de la "construcción de sentido", aunque, no casualmente esconda muchas cuestiones referidas a intereses socioeconómicos bien concretos.

Si se abordara con seriedad y rigurosidad la situación fiscal en Argentina en el último medio siglo, se corroboraría que cuando hubo déficit fiscal (casi todo el tiempo salvo en un primer tramo del ciclo de gobiernos kirchneristas), este se explicó en parte considerable por las abultadas transferencias de recursos que el Estado nacional canalizó a diversas fracciones de la clase dominante (acreedores externos, capital extranjero y grupos económicos nacionales), con el trasfondo de una estructura impositiva sumamente regresiva.

Sin pretender exhaustividad, cabe consignar algunos de los mecanismos mediante los cuales el poder económico ha internalizado fondos estatales (o sea, del conjunto de la sociedad) en el transcurso de los últimos decenios:

→ Los abultadísimos pagos de la deuda pública, tanto externa como interna.

→ Las fuertes y variadas subvenciones conferidas a actividades en extremo rentables controladas por capitales transnacionales (grandes exportadores del sector agropecuario, productores de petróleo y gas, megaemprendimientos mineros).

→ El "sacrificio fiscal" implícito en numerosos instrumentos de intervención: franquicias impositivas, arancelarias y aduaneras en diferentes regímenes de promoción a la inversión, "devaluaciones fiscales" a través de una reducción importante de la carga impositiva que grava a las corporaciones líderes y a los sectores más ricos de la sociedad.

→ La concesión de subsidios y/o de tipos de cambio de preferencia para firmas que integran el núcleo de la actividad exportadora, así como la reducción o la eliminación de retenciones.

→ La estatización, la licuación o la condonación de deudas multimillonarias a grandes empresas y conglomerados económicos (pasivos que, por lo general, han constituido formas simuladas de remitir ganancias al exterior y eludir al fisco, o se han asociado a severos incumplimientos contractuales por parte del sector privado más concentrado, avalados por el Estado).

→ La privatización de "cajas estatales" como ocurrió con la reforma previsional de la década de 1990 que, en los hechos, transfirió esos recursos a los bancos y a otras entidades financieras.

→ Los sobreprecios reconocidos a proveedores de distintas reparticiones gubernamentales y contratistas de la obra pública.

→ Las asociaciones público-privadas en las que la norma ha sido que el Estado realice las inversiones de mayor riesgo y los privados usufructúen los resultados.

→ El otorgamiento de subsidios a la demanda de ciertos bienes en rubros que, en paralelo, son activamente promovidos y protegidos (por caso: automotriz, electrónica de consumo y electrodomésticos).

Hay abundante evidencia de que semejante captación de excedentes por parte del capital más concentrado (nacional e internacional) ha movido muy poco el amperímetro en materia de inversiones y de ampliación y diversificación de la capacidad productiva del país. Antes bien, los recursos apropiados a través de las vías mencionadas por distintos estamentos del poder económico han alimentado la fuga de divisas (mayormente a paraísos fiscales y merced a los fondos provistos por el sector público con su endeudamiento externo) o se han reciclado en el plano interno hacia la esfera financiera a partir del aprovechamiento de las numerosísimas emisiones de títulos de deuda estatal que tuvieron lugar.

Sobre este aspecto, vale mencionar que durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), dadas las características del escenario internacional, se jerarquizó el endeudamiento interno para financiar el déficit fiscal, y que bajo el régimen de convertibilidad (1991-2001) se privilegiaron la deuda externa y la interna (esta última, sobre todo a partir de la crisis mundial desatada a fines de la década de 1990, que restringió la liquidez para los países de la periferia latinoamericana). Con las singularidades del caso, la recurrencia a la deuda interna y externa se recreó de modo brusco en el interregno de la alianza Cambiemos, que gobernó el país entre 2015 y 2019, mientras que en la administración reciente del peronista Frente de Todos (2019-2023) el foco estuvo puesto en el endeudamiento en moneda local.

Una etapa en la que el financiamiento provino de otras fuentes fue durante la experiencia del kirchnerismo: cuando empezaron a manifestarse problemas en el frente fiscal, se optó por avanzar en la reestatización del sistema previsional y en la colocación de títulos en pesos, en buena medida con distintas áreas del propio Estado. En estos años, el deterioro en las cuentas públicas no se asoció tanto a transferencias de recursos al gran capital -que sí existieron-, sino a un incremento del gasto público con una lógica contracíclica y a algunos ejes de la política de ingresos que se estableció.

En definitiva se puede apuntar que las mismas fracciones dominantes que se han beneficiado con las mencionadas transferencias de ingresos estatales, también han obtenido grandes ganancias por prestarle al sector público para financiar el déficit fiscal que las tiene como responsables centrales, y consuman así una verdadera captura estatal.

Ante ese escenario, no llama la atención que la presión fiscal se haya vuelto cada vez más injusta al pesar relativamente más sobre quienes menos tienen, y que se asista a un deterioro manifiesto en la prestación de servicios públicos. Y tampoco que estos sectores del poder económico y sus representantes académicos y mediáticos pongan "el grito en el cielo" cuando desde el Estado se motorizan rebajas de impuestos (al valor agregado, a las ganancias) que buscan recomponer en parte el poder adquisitivo de los salarios u otras acciones similares (aumento en planes sociales, jubilaciones y pensiones). Se trata de decisiones de política que suelen comprometer muchísimos menos recursos estatales que los apropiados por el gran capital (fondos, estos últimos, que casi nunca aparecen en los debates públicos sobre la cuestión fiscal).

En ese contexto, la conciliación con el poder económico, ensayada muchas veces en las últimas cuatro décadas, ha probado ser de hecho una "vía muerta" para generar transformaciones estructurales perdurables en favor de las mayorías populares. Para peor, los fracasos recurrentes de esa alternativa no han hecho más que erosionar la legitimidad de la democracia en amplias capas de la sociedad que ven sin esperanzas el accionar de un Estado capturado y terminan por apuntalar propuestas que se oponen en muchos planos al ideario democrático.