Cómo los salarios feudales se volvieron aceptables de vuelta

Una de las mayores pesadillas de los primeros economistas políticos la encarnaba un grupo social cuya riqueza se multiplicaba sin esfuerzo alguno. Se les denominaba rentistas, aunque, en la práctica, en aquella época, esto era prácticamente lo mismo que decir terratenientes. En su opinión, esta clase social era un vestigio feudal que obstaculizaba el desarrollo del capitalismo y frenaba el crecimiento económico. Como escribió John Stuart Mill, los terratenientes «se enriquecen, por así decirlo, mientras duermen, sin trabajar, arriesgar ni ahorrar».

Este “rentismo” fue atacado desde dos frentes. El primero era de índole moral: ¿era justo que algunas personas se enriquecieran únicamente por poseer propiedades, sin aportar trabajo ni contribuir al bienestar colectivo? Al fin y al cabo, los terratenientes obtenían rentas a cambio de permitir que otros trabajaran la tierra, razón por la cual pronto se empezó a hablar de «ingresos no ganados». La segunda crítica era económica: si esas rentas eran demasiado altas, las ganancias capitalistas se verían mermadas y el crecimiento se ralentizaría. El rentismo no solo era injusto, sino también ineficiente.

Para los economistas clásicos, lo que realmente importaba era el aumento de las ganancias de capital, ya que eran las únicas que podían reinvertirse en mejoras productivas capaces de impulsar el crecimiento. El problema con los terratenientes era que sus rentas solían gastarse en bienes y servicios de lujo que no contribuían al bienestar general, aunque otros, como el reverendo Malthus los defendió por el papel que les atribuía en el mantenimiento del orden social tradicional. Por el contrario, economistas como Adam Smith, David Ricardo y el propio John Stuart Mill valoraban el esfuerzo y el trabajo, virtudes que no veían reflejadas en una nobleza educada en los valores de las élites feudales. Para ellos —y como reconocería posteriormente la historiografía económica— uno de los grandes problemas del Imperio español era que dedicaba la enorme riqueza extraída de América no a mejorar su capacidad productiva —la industrialización, como diríamos hoy— sino al consumo ostentoso que reforzaba la posición social de los comerciantes, conquistadores y élites en general. Es decir, una forma de apropiación de rentas (rent-seeking) (no en el sentido neoclásico).

Con el tiempo, el concepto de rentismo desapareció del vocabulario de la mayoría de los economistas. Hoy en día, es raro leer u oír a economistas cuestionar ciertos tipos de renta: en la economía convencional, todas las rentas se tratan como equivalentes y se consideran igualmente funcionales para el desarrollo económico. Sin embargo, antes de que se produjera este cambio intelectual, el debate alcanzó un punto crítico con la figura de Henry George, un economista controvertido que quedó segundo en las elecciones para la alcaldía de Nueva York de 1886.

George extendió el razonamiento clásico y defendió con vehemencia un impuesto único sobre la tierra. Su propuesta se fundamentaba en una visión económica muy particular: apoyaba el libre mercado y la propiedad privada de los frutos del trabajo, pero sostenía que los recursos naturales pertenecían a la comunidad en su conjunto. Por consiguiente, consideraba injusto que los propietarios se enriquecieran apropiándose de algo que pertenecía a todos, como la tierra. Esta forma de pensar lo llevó a convertir la lucha contra el rentismo en el eje central de su programa político-económico.

El núcleo del argumento era simple pero muy poderoso. Como ya había señalado John Stuart Mill, las rentas de la tierra aumentaban sin que el propietario tuviera que hacer nada: su valor dependía de la dinámica económica de la comunidad. George lo ilustró claramente: una tierra adquirida en un lugar remoto y aislado valdría poco más que el valor de los productos cultivados en ella. Pero si esa zona se desarrollaba con la llegada de comerciantes, empresas e infraestructura, esa misma parcela multiplicaría su valor, aunque su productividad no hubiera cambiado en absoluto. Ese nuevo valor sería completamente resultado del desarrollo colectivo, pero la renta generada iría exclusivamente al propietario. Por lo tanto, George propuso un impuesto elevado sobre esa apreciación, para que lo que la comunidad había creado le fuera devuelto. No es de extrañar, pues, que estas ideas provocaran una feroz oposición de las élites propietarias y un conflicto especialmente duro con la Iglesia, que excomulgó a un sacerdote aliado de George e incluso llegó a debatir la prohibición de las obras del economista.

Lo importante es que tanto el argumento como la propuesta de George siguen siendo plenamente relevantes hoy en día. La tierra se revaloriza según su centralidad geográfica: cuanto mayor sea la actividad económica circundante (empresas, infraestructuras, servicios), mayor será su valor. Este es un caso paradigmático de rentismo: la extracción de rentas económicas «no ganadas» simplemente por poseer un recurso escaso. A partir de la década de 1930, y en gran medida siguiendo a Keynes, el debate sobre el rentismo se desplazó de la propiedad de la tierra al ámbito financiero. El crecimiento del sistema financiero demostró que también allí era posible enriquecerse «mientras uno dormía», desviando al mismo tiempo recursos que podrían haberse destinado a actividades productivas. Sin embargo, con el tiempo, el concepto de rentismo desapareció del discurso económico dominante.

El problema radica en que hoy en día es imposible comprender procesos centrales de nuestra época —como la crisis de la vivienda o la hegemonía de las finanzas— sin recuperar este concepto clásico. La diferencia con el siglo XIX es que hoy amplios sectores de la población participan en este rentismo, aunque en distintos grados: la «democratización» del acceso a la vivienda y a los productos financieros ha facilitado que muchos hogares complementen sus ingresos habituales con rentas que parecen caer del cielo; dinero que se multiplica mientras dormimos.

Hoy en día, la vivienda ofrece rentabilidades comparables a las de cualquier otra actividad financiera, como la inversión en empresas medianas. Si la especulación inmobiliaria genera una rentabilidad del 15% —como ocurrió en España en 2024—, mientras que la inversión en bonos del Estado rinde un 3%, el capital irá racionalmente hacia la primera. Esto es precisamente lo que los economistas clásicos denunciaban como una asignación ineficiente de recursos. Y este es, en términos generales, nuestro panorama actual: no es raro oír que grandes fortunas —artistas, presentadores de televisión o políticos— invierten en bienes raíces a través de fondos de inversión que funcionan como auténticas máquinas de extracción de rentas. ¿Qué futuro le espera a una economía con tales incentivos, donde el capital no se utiliza para modernizar el país, sino para permitir que ciertos grupos sociales vivan de las rentas?

Los economistas clásicos también nos habrían recordado que los ingresos no ganados existen únicamente a expensas del trabajo ajeno: son, en esencia, ingresos parasitarios. Pensemos en el mercado inmobiliario. Cuando alguien compra una vivienda como inversión y luego la vende o la alquila, el ingreso derivado proviene exclusivamente de la propiedad, no de ningún esfuerzo. Y esas rentas no caen del cielo: se extraen directamente de los bolsillos de otros ciudadanos —no propietarios— que necesitan estos bienes escasos y deben trabajar arduamente para pagarlos. En el ámbito financiero, el mecanismo es más sofisticado, pero esencialmente igual: el dinero se aprecia porque los fondos realizan operaciones de extracción de rentas, por ejemplo, comprando empresas, reestructurándolas y reduciendo los salarios de los trabajadores.

La economía convencional ha abandonado el debate sobre la propiedad y el poder, facilitando así la reproducción del rentismo. La consecuencia lógica es el aumento de la desigualdad, puesto que solo quienes ya poseen activos escasos, como la vivienda, pueden acceder a rentas «no ganadas». La concentración de la propiedad incrementa la desigualdad y, a su vez, genera nuevas dinámicas de concentración de riqueza. ¿Cómo explicar, si no, que en la España actual el 10% de los hogares más ricos posea el 50% de la riqueza total?

La gran paradoja reside en que hoy no vivimos bajo el capitalismo imaginado por Adam Smith o John Stuart Mill, sino bajo su opuesto. Estos autores concibieron el capitalismo como un sistema que, a pesar de sus limitaciones, recompensaba el trabajo, la innovación y la inversión productiva, y que debía combatir activamente las rentas improductivas por razones tanto morales como económicas. El capitalismo contemporáneo, en cambio, ha hecho exactamente lo contrario: ha normalizado las rentas no ganadas, las ha despojado de toda carga moral y las ha integrado en el núcleo mismo de su funcionamiento.

Así, el rentismo ha dejado de ser una anomalía o una disfunción para convertirse en una forma de acumulación respetable, incluso deseable. Este cambio no es meramente técnico ni académico, sino profundamente político. Al dejar de hablar de rentas, la economía ha contribuido a neutralizar el conflicto social que generan y a legitimar una estructura de desigualdad basada en la concentración de la propiedad. Cuando la vivienda, la tierra o los activos financieros se tratan como meras inversiones, se oculta que las rentas que producen se extraen del trabajo ajeno y del esfuerzo colectivo. El resultado es un sistema que premia la propiedad por encima de la contribución y consolida una economía cada vez más parasitaria.